ZACATECAS.– El colectivo Opinión 51, conformado por periodistas y columnistas de distintas regiones del país, levantó una fuerte alerta ante lo que consideran una escalada preocupante de censura institucional. En un comunicado, señalaron que se están usando dependencias públicas y leyes electorales para intentar callar, castigar o intimidar a quienes se atreven a cuestionar.

PRESIONAN CON LEYES A QUIENES INCOMODAN

Uno de los casos que más encendió alarmas es el de la periodista Laura Brugés, a quien el INE notificó con una posible sanción por difundir información crítica. Opinión 51 denunció que este tipo de acciones no solo violan el secreto profesional, sino que marcan un precedente grave para el periodismo independiente.

También hicieron público el caso de Laisha Wilkins, quien fue demandada por comentarios dirigidos a una ex candidata a ministra de la Corte. La lista sigue: Karla Estrella en Sonora ha sido señalada por cuestionar a una diputada local, y Jorge González, periodista en Campeche, enfrenta represalias tras publicar investigaciones incómodas para ciertos actores políticos.

VOCES INCÓMODAS CASTIGADAS

El colectivo subrayó que esta presión no solo afecta a reporteros de base, sino también a voces consolidadas como la de Denise Dresser, quien ha sido blanco de ataques tras criticar a la diputada Andrea Chávez. Aunque la legisladora negó haber promovido los ataques, Opinión 51 señaló que desde el poder se está normalizando exhibir públicamente a periodistas críticos.

Otro caso que indigna es el del columnista Héctor de Mauleón, a quien el Instituto Electoral de Tamaulipas le retiró la acreditación después de publicar una columna incómoda. Para Opinión 51, esto demuestra una interpretación punitiva y autoritaria de las normas, y un intento directo por restringir el derecho a opinar.

NO NOS VAN A CALLAR

“Estas acciones son un ataque directo a la libertad de expresión”, señaló Opinión 51. “Cuando se calla a una periodista, se niega a toda la sociedad el derecho a saber”.

El colectivo cerró su posicionamiento reafirmando su compromiso con una prensa libre, plural y sin miedo:

“Cuestionar no es delito. Pensar distinto no debe castigarse. Y opinar en libertad es un derecho que no vamos a soltar”.

Este llamado se suma a la preocupación creciente entre organizaciones civiles y periodistas de todo el país, que observan con alarma cómo las instituciones que deberían proteger la democracia están siendo usadas para acallarla.

Síguenos en @tribunazac