ZACATECAS. El 12 de octubre de 2020, un operativo conjunto entre militares y la Policía Estatal Preventiva (PEP) en la comunidad Nueva Alianza, Calera de Víctor Rosales, terminó con la muerte de 14 personas. La versión oficial argumentaba que las víctimas estaban armadas y atacaron primero a los agentes, justificando así la intervención del Ejército.

Sin embargo, tras una investigación de oficio, la CNDH detectó graves inconsistencias entre los informes oficiales y las pruebas forenses: necropsias, fotografías y la inspección del lugar muestran que varias personas recibieron disparos por la espalda y otras fueron golpeadas antes de morir. Esto descarta que todos los fallecimientos ocurrieran en un enfrentamiento.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA

La recomendación 195VG /2025 detalla que cinco militares y 10 policías estatales incurrieron en un uso excesivo de armas de fuego, incumpliendo principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y profesionalismo.

• 12 de las 14 víctimas presentaron heridas de bala en el cráneo; las dos restantes en tórax y abdomen.
  
• Siete víctimas mostraban contusiones previas a su muerte.
  
• En ocho casos, los disparos fueron recibidos por la espalda y una víctima tenía una herida en la palma, en posición defensiva.
  
• Una víctima no vestía uniforme ni usaba fornituras; un testigo la identificó como el cuidador del rancho.
  

La CNDH concluye que no existía una amenaza real contra los servidores públicos que justificara el uso de fuerza letal.

INVESTIGACIÓN Y REPARACIÓN DEL DAÑO

La Comisión anunció que presentará denuncias administrativas ante los Órganos Internos de Control de la SSP y Defensa, y que la recomendación será aportada a la Fiscalía General de Justicia del Estado para continuar la investigación.

Se ordena la reparación integral del daño: atención médica, psicológica, jurídica y social para las 15 víctimas y sus familias, inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, y compensación económica justa. Además, se enfatiza la necesidad de capacitación obligatoria en derechos humanos y uso de la fuerza para prevenir nuevos abusos.

RESPUESTA DEL GOBIERNO ESTATAL

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, afirmó que no puede responsabilizar a la SSP de 2020 y defendió que hoy la policía de Zacatecas actúa con apego a los derechos humanos.
Reyes Muguerza destacó que las fuerzas de seguridad tienen derecho a defenderse, y que las capacitaciones actuales buscan reforzar los protocolos del uso de la fuerza para evitar abusos.

El funcionario lamentó que, en el pasado, las comisiones de derechos humanos funcionaran como “red de protección para delincuentes” y pidió equilibrio: proteger a las fuerzas de seguridad sin vulnerar los derechos de la ciudadanía.

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