La justicia volvió a poner el foco sobre Rodrigo Gayosso Cepeda, conocido como “Mr. 30%”, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmara la reactivación de una orden de aprehensión por un presunto fraude que asciende a 8.7 millones de pesos.
La resolución, emitida el 9 de octubre de 2025, en sesión pública del expediente Revisión 136/2025, valida la orden librada en abril de 2024 por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tras considerar que existen elementos sólidos que acreditan su probable participación en los hechos.
UN FRAUDE MILLONARIO BAJO INVESTIGACIÓN
De acuerdo con el fallo judicial, Gayosso Cepeda habría dispuesto indebidamente de bienes asegurados, pertenecientes a la empresa Corporativo Jurídico Lafontaine, con los que se habría hecho ilícitamente de 8.7 millones de pesos.
El tribunal subrayó que la gravedad del delito y el riesgo de evasión justifican la orden de aprehensión, pues el acusado “podría ocultarse o eludir la acción de la justicia”. Por ello, se mantendrá la vigilancia y ejecución del mandato judicial hasta que sea presentado ante las autoridades competentes.
HISTORIAL DE ESCÁNDALOS Y DESACATOS
Conocido como “Mr. 30%” por su presunta práctica de exigir un porcentaje del valor de las obras públicas a contratistas durante el gobierno de su padrastro, Graco Ramírez, el nombre de Gayosso Cepeda ha estado vinculado durante años a denuncias por corrupción y abuso de poder.
No es la primera vez que enfrenta señalamientos judiciales: en 2013, el Juzgado Primero de Distrito en Morelos giró una orden de aprehensión en su contra por violar una suspensión judicial otorgada a la empresa Promotora Ambiental (PASA), en un caso que también implicó irregularidades económicas.
Estos episodios delinean un patrón de conducta, donde el exdirigente perredista ha sido señalado por desacatar mandatos judiciales y beneficiarse económicamente de su influencia política.
SIGNIFICADO POLÍTICO Y JURÍDICO
El caso no solo involucra un fraude millonario, sino que reabre viejas heridas en Morelos, donde los vínculos entre el poder político y los negocios privados han sido una constante.
La decisión del Tribunal Colegiado marca un precedente: ninguna figura política o familiar de exgobernadores está por encima de la ley. Con esta resolución, la justicia federal refuerza el principio de rendición de cuentas ante delitos financieros y actos de corrupción.
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Tribuna Zacatecas 
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