Más de 40 personas han presentado demandas penales y civiles contra Philips México por la venta de ventiladores respiratorios defectuosos, cuya espuma interna puede liberar partículas tóxicas, un riesgo reconocido por la FDA desde 2021. Los denunciantes señalan que ni la empresa ni la Secretaría de Salud mexicana actuaron a tiempo para proteger a los pacientes.
ACUSACIONES CONTRA LA EMPRESA
La acción legal, interpuesta el 6 de octubre, imputa a Philips homicidio, lesiones y atentados contra la salud pública. Según los afectados, la compañía permitió que los ventiladores permanecieran en operación pese a los alertas internacionales sobre su peligrosidad.
LOS MODELOS EN CUESTIÓN
Los ventiladores involucrados incluyen BiPAP V30, BiPAP A30/A40, Bi-Level PAP y E30, todos con espuma de poliéster-poliuretano (PE-PUR) que, al degradarse, puede provocar cáncer, asfixia y muerte.
MEDIDAS RECIENTES DE COFEPRIS
Esta semana, Cofepris ordenó el retiro inmediato de los ventiladores del sistema de salud. La dependencia instruyó a hospitales y distribuidores a inmovilizar, segregar y devolver los equipos, así como a reportar cantidades y ubicaciones. Además, la población fue llamada a notificar cualquier incidente adverso relacionado con los dispositivos.
ACCIÓN COLECTIVA DE LOS AFECTADOS
Los pacientes y familiares afectados crearon un sitio web para recopilar testimonios, fortalecer la demanda colectiva y visibilizar el riesgo sanitario de estos equipos.
RETRASO EN MÉXICO FRENTE AL MUNDO
Mientras países como Estados Unidos, Canadá y miembros de la Unión Europea retiraron rápidamente miles de ventiladores y tomaron acciones legales, en México la respuesta ha sido tardía y deficiente. Philips México asegura que más del 90% de los equipos fueron retirados, pero ex empleados y profesionales de la salud denuncian abandono de clientes, despidos injustificados y encubrimientos.
EL PELIGRO QUE NO SE DETUVO
Desde 2021, la FDA advirtió sobre la degradación de la espuma de los ventiladores, que libera partículas y gases altamente tóxicos, vinculados con enfermedades graves, daños a órganos y complicaciones respiratorias.
La polémica evidencia la falta de protocolos claros en México y la necesidad de mayor control y responsabilidad corporativa en dispositivos médicos que afectan la vida de los pacientes.
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Tribuna Zacatecas 
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