ZACATECAS.- La construcción en Zacatecas se encuentra bajo la sombra de la extorsión.. El reciente incremento en los precios de materiales pétreos —arena, grava, piedra y tepetate— ha desatado alarma entre constructores, arquitectos e ingenieros, quienes advierten que estas alzas podrían ser el resultado de prácticas ilegales disfrazadas de organización gremial.
Autoridades de la Mesa Estatal de Construcción de Paz investigan si detrás de estas acciones se esconde un delito de extorsión, y hasta ahora han identificado a dos personas como posibles responsables, situación que podría derivar en un delito federal.
HISTORIA DE LOS PRECIOS Y LA INSEGURIDAD
En Zacatecas, los materiales de construcción siempre han estado sujetos a la volatilidad de la oferta y la demanda, pero los constructores aseguran que esta vez hay presiones directas que buscan homologar los precios de manera irregular. Según Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, las primeras investigaciones señalan que los responsables intentaron imponer precios uniformes a través de una organización apócrifa denominada “Federación Unidos por Zacatecas”, actividad que viola la ley y genera un ambiente de intimidación y riesgo para el sector.
“Intentaron organizar, presionar y amedrentar a los materialistas. Eso es ilegal, porque se trata de una práctica monopólica y desleal”, advirtió el funcionario.
IMPACTO EN CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES
Cámaras de construcción, colegios de arquitectos e ingenieros han reportado que los proveedores de materiales sienten amenazas directas y que los aumentos no corresponden a factores de mercado, sino a intentos de extorsión disfrazados de acuerdos colectivos. Esto genera un riesgo económico y operativo para las empresas y trabajadores de la construcción, que dependen de precios estables para planear proyectos y empleos.
ACCIONES DE LAS AUTORIDADES
La administración estatal convocará a los implicados y a agrupaciones de materialistas y transportistas para que expliquen las razones del alza. Al mismo tiempo, la Fiscalía General de Justicia del Estado estará atenta para determinar si se trata de delitos penales, mientras el gobernador David Monreal advierte que no permitirá que se vulneren los derechos de los constructores ni que imperen prácticas ilegales.
“Si alguien está siendo víctima de extorsión o presión ilegal, debe denunciarlo, porque sin denuncias formales es difícil actuar con contundencia”, subrayó Monreal Ávila, destacando la importancia de que la sociedad y los gremios colaboren para evitar la impunidad.
CONTEXTO DE INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN
Este incidente refleja un patrón más amplio: en Zacatecas, los sectores económicos estratégicos a menudo enfrentan presiones ilegales y corrupción encubierta, que van desde extorsiones hasta intentos de monopolio. La falta de denuncias formales, según expertos, genera un vacío de autoridad que permite que actores ilegales actúen con relativa impunidad, afectando no solo a los empresarios, sino también a los trabajadores y a la ciudadanía que depende de la infraestructura construida.
El incremento de los precios de materiales y las posibles extorsiones no son un simple problema económico, sino un riesgo social y jurídico que obliga a las autoridades a actuar con firmeza para garantizar la legalidad, la justicia y la seguridad económica de Zacatecas.
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