ZACATECAS.- El proyecto de la presa Milpillas en Zacatecas continúa en el centro del debate público y político. El gobierno estatal confirmó que el manifiesto de impacto ambiental ya fue entregado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que será la encargada de revisarlo y dictaminar sobre su viabilidad.
Según Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), este proceso puede tardar entre seis meses y un año, dependiendo del avance de la instancia federal.
TRÁMITES Y EXPECTATIVAS
Rodríguez Márquez explicó que el gobernador David Monreal Ávila mantiene comunicación directa con Alicia Bárcena Ibarra, titular de Semarnat, para agilizar el procedimiento, dada la relevancia estratégica de la obra para el estado. Sobre el posible impacto ambiental, la secretaria señaló: “En toda obra, cualquiera por mínima que sea, tiene una afectación, pero viene la remediación, que de eso también se trata”. Además, indicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) será la encargada de la consulta pública y que el estado continúa avanzando en la gestión de predios necesarios para la obra.
El proyecto, cuyo costo estimado es de 9 mil millones de pesos, es considerado por el gobierno como una inversión clave que Zacatecas no puede dejar pasar.
LA VOZ DE LAS COMUNIDADES
Sin embargo, la población afectada mantiene un rechazo firme. El 12 de septiembre de 2025, cientos de personas marcharon por las calles de Jiménez del Teul, organizados por el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA). Los manifestantes alertaron que la presa desviaría hasta el 92% del caudal del Río Atenco, poniendo en riesgo su subsistencia, cultura y derechos territoriales.
“No estamos dispuestos a ceder nuestro territorio ni el agua. Ratificamos nuestro rotundo rechazo al proyecto de la presa Milpillas, San Andrés o cualquier otro nombre que le quieran poner”, expresaron durante la protesta.
PROMESAS Y DESCONFIANZA
Las comunidades recordaron compromisos previos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que no se impondría la obra sin el acuerdo de los habitantes. Los manifestantes sostienen que lo que se vende como “progreso” representa en realidad despojo, desplazamiento y empobrecimiento.
En términos hídricos, datos de Conagua revelan un déficit de 262.5 millones de metros cúbicos anuales en los acuíferos de la región, mientras que la presa aportaría apenas 41 millones, insuficiente para resolver la escasez de agua.
EXPERIENCIAS PREVIAS
Los inconformes mencionaron casos de otras presas en México —como Arcediano, El Cajón, Cerro de Oro y La Yesca— que generaron desplazamientos, incumplimiento de indemnizaciones y empobrecimiento de comunidades. En contraste con Europa, donde se desmantelan presas por considerarlas dañinas, en México persiste un modelo que beneficia a pocos a costa de la población local.
MOVIMIENTO CIUDADANO Y SOLIDARIDAD
Los manifestantes aclararon que su lucha es ciudadana y pacífica, sin vínculos partidistas, y rechazaron intentos de políticos de aprovechar la situación para fines electorales. “Nos han empobrecido todos los políticos que han pasado por estas tierras, pero no somos pobres: nos han empobrecido”, subrayaron.
Más de 40 organizaciones nacionales e internacionales respaldaron el pronunciamiento, solicitando protección para los manifestantes ante riesgos de criminalización y represión.
El mensaje final de la protesta lo resumieron con un grito que resuena como símbolo de resistencia:
“¡No a la presa Milpillas! ¡Defender el río es defender la vida!”
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Tribuna Zacatecas 
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