ZACATECAS.- Claudia Sheinbaum presentó una reforma a la Ley de Amparo que genera preocupación entre expertos y defensores de derechos humanos.

La propuesta busca agilizar los juicios, digitalizar los trámites judiciales y limitar las suspensiones definitivas, lo que algunos interpretan como un intento de proteger a funcionarios y reducir la capacidad ciudadana de frenar decisiones del gobierno.
EL AMPARO, UNA HERRAMIENTA CLAVE
El juicio de amparo permite impugnar actos de autoridades que vulneren derechos humanos o la Constitución. Reconocido por su lentitud, la reforma pretende acortar los plazos a 60 días, centralizar los expedientes en el Poder Judicial y restringir la suspensión de actos hasta comprobar su licitud.
PRINCIPALES CAMBIOS
Los puntos más controvertidos de la reforma incluyen:
- Suspensiones definitivas más limitadas, especialmente en casos financieros.
- Digitalización y custodia centralizada de expedientes, aumentando el control institucional.
- Exención de responsabilidad penal para funcionarios que aleguen “imposibilidad jurídica o material” para cumplir una suspensión.
RIESGOS Y DEBATES
Defensores de derechos humanos advierten que estas medidas podrían reducir la eficacia del amparo y generar un blindaje para actos administrativos. Por otro lado, quienes respaldan la reforma destacan que moderniza y agiliza la justicia sin penalizar errores administrativos. El Senado decidirá si se mantiene un equilibrio entre eficiencia y protección de derechos o si se prioriza la defensa institucional.
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