ZACATECAS.– La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas dio a conocer avances en la investigación del asesinato de Aída Karina Juárez Jacobo, madre buscadora, y la desaparición de su hija Goretty Guadalupe. Las primeras indagatorias apuntan a posibles vínculos con redes de trata de personas y venta de drogas, según explicó el titular de la FGJE, Cristian Paul Camacho Osnaya.
OPERATIVOS Y DETENCIONES
Tras recabar entrevistas, denuncias y otras evidencias, la Fiscalía ejecutó seis cateos simultáneos en distintos inmuebles localizados en Guadalupe y Trancoso. Estas diligencias permitieron la detención de dos personas, vinculadas ya a proceso por los delitos relacionados con el caso. La investigación continúa abierta, ya que no se descarta la participación de otros posibles responsables.
Durante los operativos, las autoridades también aseguraron un vehículo relacionado con los hechos, como parte del seguimiento de las pistas obtenidas durante las entrevistas y análisis de evidencia.
PROTOCOLO DE PROTECCIÓN PARA MADRES BUSCADORAS
Por tratarse de una defensora de derechos humanos, la FGJE activó un protocolo especial de protección para madres buscadoras, una medida prevista para garantizar la seguridad de quienes arriesgan su vida buscando a familiares desaparecidos. El caso fue notificado al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de implementar medidas adicionales que prevengan nuevos ataques.
VIOLENCIA Y RIESGOS PARA MADRES BUSCADORAS
El asesinato de Aída Karina y la desaparición de su hija se suman a un patrón preocupante de violencia contra madres buscadoras en México, un fenómeno que ha sido documentado por organismos nacionales e internacionales. Estas mujeres, muchas veces víctimas de amenazas y agresiones, se enfrentan a redes criminales bien organizadas mientras luchan por visibilizar la desaparición de sus seres queridos y exigir justicia.
En Zacatecas, el contexto de violencia ha ido en aumento, especialmente en zonas donde operan grupos delictivos vinculados al narcotráfico y la trata de personas. Esta realidad complica la labor de las madres buscadoras, quienes no solo enfrentan la pérdida de sus familiares, sino también riesgos directos a su seguridad personal.
COMPROMISO DE INVESTIGACIÓN
El fiscal Camacho Osnaya subrayó que la FGJE mantendrá la investigación abierta hasta esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, asegurando que la ley se aplicará sin distinción. La dependencia también ha reiterado su compromiso de fortalecer los protocolos de protección para quienes defienden los derechos humanos, en un esfuerzo por mitigar la vulnerabilidad de las madres buscadoras en la entidad.
EL RETO DE LA JUSTICIA EN MEXICO
Este caso pone de relieve la complejidad de la violencia y la impunidad en México, donde madres y familiares de desaparecidos deben enfrentar no solo el dolor de la pérdida, sino la falta de mecanismos eficientes de investigación. La coordinación entre autoridades locales, federales y organismos internacionales se vuelve esencial para garantizar justicia y evitar que este tipo de crímenes queden sin resolver.
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Tribuna Zacatecas 
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