ZACATECAS.–  La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) emitió una recomendación que denuncia la grave omisión de autoridades escolares frente a un caso que vulneró los derechos de un alumno de primaria a la integridad sexual y psicológica. Este caso no solo refleja la vulnerabilidad de los menores en los espacios educativos, sino también la falta de capacitación y protocolos efectivos frente al abuso infantil.

INCIDENTE DURANTE CLASES

Según el expediente del caso, el menor sufrió un incidente con un compañero mientras se encontraba en horario escolar. Sin embargo, ni la directora ni los docentes activaron los protocolos establecidos para casos de abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato. La CDHEZ subraya que la notificación a la directora se realizó de manera tardía, lo cual va en contra de las disposiciones legales y demuestra despreocupación por la seguridad del alumno.

REUNIÓN CON PADRES Y FACTORES AGRAVANTES

Más tarde, se citó a los padres de ambos menores. Durante la reunión, se expuso que uno de los niños estuvo expuesto a videos inapropiados, elemento que pudo haber influido en su conducta. No obstante, esta circunstancia no justifica la inacción de la escuela, que debía proteger y garantizar los derechos del alumno afectado.

OMISIÓN Y RESPONSABILIDAD

La CDHEZ determinó que la directora y los docentes fueron omisos, al no informar ni activar los mecanismos de atención frente a los hechos. Esta negligencia vulneró directamente los derechos humanos de la víctima, dejando al niño en una situación de riesgo y sin apoyo adecuado.

RECOMENDACIONES A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

La recomendación 04/2025 solicita a la Secretaría de Educación de Zacatecas:

• Iniciar un procedimiento de responsabilidad contra la directora y los docentes implicados.
  
• Inscribir al menor en el Registro Estatal de Víctimas.
  
• Garantizar la reparación del daño mediante el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, conforme a la Ley de Atención a Víctimas.
  

Este caso evidencia la urgencia de reforzar la capacitación docente, la vigilancia institucional y los protocolos de protección infantil, para que situaciones de abuso y acoso no queden impunes y los derechos de los menores siempre sean prioridad.

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