ZACATECAS.– Por primera vez en la historia de Zacatecas, una dependencia completa queda fuera de funciones. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó la suspensión de los 35 trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), tras detectarse posibles actos de corrupción cometidos durante al menos 10 años.
El titular de la SFP, Ernesto González Romo, explicó que la medida es parte de una investigación por redes de litigantes, servidores públicos y traficantes de influencias que habrían manipulado juicios laborales para obtener beneficios ilegales.
UN MECANISMO DE CORRUPCIÓN SISTEMÁTICO
El esquema, según González Romo, operaba de la siguiente forma:
- Trabajadores despedidos contrataban abogados para demandar a sus empleadores.
- Litigantes y personal de la JLCA pactaban dilatar los procesos deliberadamente, aumentando así el monto del laudo.
- Una vez fijada una suma millonaria, el laudo se dictaba no conforme a la ley, sino siguiendo acuerdos previos entre las partes corruptas.
- El trabajador afectado recibía solo una fracción del dinero, mientras el resto se repartía entre abogados y funcionarios implicados.
“El objetivo no era la justicia laboral, sino el negocio entre quienes deberían garantizarla”, subrayó González Romo.
MEDIDAS CAUTELARES Y PROCESOS PENALES
La investigación inició tras múltiples denuncias recibidas en la SFP. El Órgano Interno de Control solicitó medidas cautelares para separar de sus cargos a todo el personal de la JLCA mientras se desarrollan las indagatorias.
El secretario adelantó que la medida podría levantarse para algunos trabajadores, pero otros —“los peces gordos”— enfrentarán procesos penales por corrupción, extorsión a empleados y empresarios, y abuso de funciones.
La suspensión implica que los trabajadores recibirán solo un porcentaje de su salario, nunca por debajo del mínimo legal, y que se respetarán las pensiones de menores de edad. El dinero retenido se devolverá si al final no se les encuentra responsabilidad administrativa o penal.
INVITAN A COLABORAR A CAMBIO DE BENEFICIOS
La SFP dio a los empleados de la JLCA cinco días para presentarse y colaborar con la investigación. Quienes aporten pruebas y datos relevantes podrían obtener beneficios legales.
Mientras tanto, la Secretaría General de Gobierno designará autoridades suplentes para evitar la paralización de los casos laborales en curso.
“El daño ha sido doble: para los trabajadores que no recibieron lo que les correspondía y para los empresarios que fueron extorsionados o forzados a pagar sumas infladas”, concluyó González Romo.
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