ZACATECAS.–   La inseguridad pública se consolidó como el mayor obstáculo para el desarrollo económico en Zacatecas. Según los Censos Económicos 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mitad de las unidades económicas en el estado (50.7%) identificaron la inseguridad como su principal problema durante 2023. Esta cifra representa un incremento alarmante respecto a 2018, cuando sólo el 31.4% reportaba este tipo de afectaciones.

Los datos fueron presentados por Ignacio García Dévora, coordinador estatal del INEGI en Zacatecas, y muestran un panorama complejo para el sector productivo local, que en medio de múltiples retos intenta sostener la economía regional.

UN TEJIDO EMPRESARIAL VULNERABLE

En total, se contabilizaron 103 mil 138 establecimientos en la entidad, con una fuerza laboral de 427 mil 604 personas. De estos, 65 mil 541 unidades económicas pertenecen al sector privado y empresas paraestatales, y concentran 262 mil 299 personas ocupadas, lo que indica que buena parte del empleo formal depende de estos negocios que enfrentan dificultades crecientes para operar.

La presión de la inseguridad, ya sea por extorsión, robos, cobros de piso o afectaciones indirectas como menor afluencia de clientes, se suma a otras problemáticas que también se han agudizado en los últimos años.

MÁS ALLÁ DE LA VIOLENCIA: OTROS RETOS ECONÓMICOS

Además de la inseguridad, las unidades económicas reportaron un aumento en los costos de materias primas, insumos o mercancías, que pasó del 19.5% en 2018 al 39.4% en 2023, prácticamente duplicándose en cinco años. Esta situación refleja el impacto inflacionario y las dificultades logísticas derivadas de factores globales y nacionales.

Otra preocupación creciente es la baja demanda de bienes y servicios, que también tuvo un repunte: en 2018 afectaba al 22.7% de los negocios, mientras que en 2023 ya impactaba al 36.8%.

CONTEXTO ESTATAL: UN CLIMA DE INCERTIDUMBRE

Estos indicadores surgen en un contexto en el que Zacatecas enfrenta niveles elevados de violencia y presencia de grupos delictivos, situación que ha repercutido no sólo en el ámbito social sino también en la esfera económica. Comercios cerrados, inversiones frenadas y empleos en riesgo son algunas de las consecuencias visibles.

El entorno adverso obliga a repensar estrategias de seguridad pública con enfoque económico, donde garantizar condiciones básicas para el emprendimiento y la operación empresarial no sea un lujo, sino una prioridad.

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