Miguel Alonso Reyes.

ZACATECAS.–  Zacatecas arde con un nuevo escándalo de corrupción. El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Ernesto González Romo, destapó una nueva capa de irregularidades millonarias contra el exgobernador Miguel Alonso Reyes, hoy legislador federal.

En entrevista con El Sol de Zacatecas, reveló que el político zacatecano acumuló más de 400 millones de pesos en bienes, con más de 40 propiedades en zonas exclusivas de la zona conurbada y del municipio de Morelos.

PROPIEDADES A PRECIO DE GANGA

Según González Romo, muchas de estas propiedades fueron adquiridas por montos absurdamente bajos, entre 100 mil y 300 mil pesos, aunque su valor real asciende a hasta 10 millones de pesos cada una. Un mecanismo que —advirtió— sugiere simulación de compraventa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

RED FAMILIAR Y ENRIQUECIMIENTO SOSPECHOSO

La SFP también detectó movimientos patrimoniales en favor de familiares, lo que apunta a una estrategia de dispersión del dinero y ocultamiento de bienes. El titular de la dependencia adelantó que toda esta información será turnada a la Fiscalía Anticorrupción, que ya recibió un primer paquete con los hallazgos.

Hacemos un llamado enérgico a la Fiscalía Anticorrupción para que actúe, pues esta carpeta lleva más de nueve años en el cajón”, reclamó el funcionario estatal. Las autoridades no pueden seguir guardando silencio frente a estas evidencias.

INVESTIGACIÓN SIGUE ABIERTA… ¿HASTA CUÁNDO?

El fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que sigue abierta una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito contra Alonso Reyes, la cual fue iniciada desde 2018. Sin embargo, no se ha judicializado.

En un estado marcado por la violencia, la pobreza y el hartazgo social, la impunidad de quienes gobernaron con opulencia y cinismo es una herida abierta. Mientras tanto, los zacatecanos siguen esperando justicia.

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FRASE DE LA SEMANA

“Corre el tiempo para que se ponga en marcha Transparencia para el Pueblo de Zacatecas y se cumpla con la Ley General de Transparencia, con los recursos y demandas de la ciudadanía sobre acceso a la información ante negativas”.

Norma Julieta del Río Venegas, excomisionada del INAI