ZACATECAS.–   Zacatecas carga con casi mil cadáveres sin identificar, algunos desde hace más de 20 años, mientras las autoridades intentan justificar el rezago con discursos de cambio institucional. 

El Servicio Médico Forense (Semefo) resguarda actualmente 993 cuerpos en distintas condiciones: 263 en cámaras frías, 247 en la osteoteca y 483 más enterrados en los panteones forenses de Guadalupe y Fresnillo, una cifra que revela el colapso estructural del sistema forense del estado.

Aunque el fiscal general Cristóbal Camacho Osnaya asegura que la Fiscalía ha avanzado en identificaciones, también admite que hay cuerpos inhumados desde 2004 sin pruebas genéticas básicas, lo que no solo evidencia el abandono institucional de años anteriores, sino una violación al derecho a la identidad y a la verdad de las familias que aún buscan.

UNA DEUDA CON LOS DESAPARECIDOS

“Lo que se dejó de hacer”, argumenta el fiscal para justificar el desastre heredado. Sin embargo, fueron necesarias dos décadas y cientos de familias desgastadas para que la autoridad decidiera actuar. Recién a partir de 2024 —20 años después de los primeros entierros en la fosa común— se comenzó a usar el convenio con el INE (firmado desde 2021) para cotejar huellas dactilares. Resultado: 270 cuerpos identificados, de los cuales solo 214 han sido entregados.

Lo que debería ser una obligación básica del Estado —identificar y restituir los cuerpos a sus familias— se ha transformado en una tarea postergada, mal ejecutada y apenas asumida.

IRREGULARIDADES INACEPTABLES

El mismo fiscal reconoce que hubo casos en los que se inhumaron cuerpos sin dictamen genético alguno, una práctica que revictimiza a los desaparecidos y obstaculiza cualquier posibilidad de verdad y justicia. Esta omisión sistemática impide no solo la restitución de cuerpos, sino también procesos penales sólidos en casos de desaparición forzada o feminicidio.

Y aunque el fiscal asegura que desde su llegada en noviembre de 2023 no se han llevado más cuerpos a los panteones, la existencia de casi un millar de cadáveres acumulados —muchos sin nombre, otros sin registros completos— muestra que el problema va más allá del discurso renovador: es una crisis humanitaria y forense que requiere acciones urgentes.

BÚSQUEDA QUE AVANZA… PERO NO ALCANZA

Durante 2025, la Fiscalía ha realizado 210 acciones de búsqueda, superando ya las 195 del año anterior. También presume una disminución del 35.1% en desapariciones, aunque hay 356 personas no localizadas y 86 víctimas de desaparición forzada confirmadas en lo que va del año. A pesar del esfuerzo en campo, los resultados siguen siendo insuficientes frente al tamaño del desastre acumulado.

El acompañamiento de colectivos, la Comisión de Búsqueda y organismos de derechos humanos es indispensable, pero el Estado sigue quedando a deber: en recursos, en atención integral y en rendición de cuentas.

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