ZACATECAS.– En Zacatecas, ser mujer es vivir en riesgo. No es una metáfora. Es una realidad documentada y persistente que las autoridades aún no logran —o no quieren— erradicar. En lo que va de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ha reconocido tres feminicidios, aunque los datos de años anteriores revelan un patrón inquietante: las cifras oficiales subregistran los casos, mientras los cuerpos siguen apareciendo y las familias siguen exigiendo justicia sin respuesta.
Tan solo en 2023, la organización Causa en Común contabilizó 28 asesinatos de mujeres, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) solo reconoció 13 como feminicidios. Una diferencia de más del 65%. La discrepancia no es menor: cada número omitido es una mujer ignorada por el sistema.
A pesar de la existencia de una Alerta de Violencia de Género (AVG) declarada desde 2018 tras el feminicidio de una niña de 9 años, la implementación de políticas efectivas ha sido lenta, insuficiente y sin recursos reales. La impunidad, la revictimización y el abandono institucional son constantes en cada caso.
Los feminicidios en Zacatecas no responden a un patrón aislado. Van desde niñas asesinadas por vecinos hasta mujeres ejecutadas por sus parejas en sus propios hogares. Y si bien las autoridades aseguran que se sigue el “protocolo con enfoque de género”, lo cierto es que la justicia llega tarde… si es que llega.
EL FEMINICIDIO DE SAN JUANA: ASESINADA EN CASA, IGNORADA POR EL ESTADO
El 1 de julio de 2025, en la comunidad de El Machucado, municipio de Pinos, San Juana, una mujer de 30 años, fue encontrada sin vida por su hija mayor. Estaba recostada en la cama, como si durmiera. Pero no era sueño: era muerte.
Minutos antes, su pareja, Erik, había enviado a sus hijas —una de 12 y otra de 5 años— a la tienda por un jugo. Cuando regresaron, él ya no estaba. San Juana no respondió a sus llamados.
La hipótesis más sólida: Erik la asesinó, la colocó sobre la cama y huyó. La fiscalía reconoce que ya judicializó la carpeta y giró orden de aprehensión. Pero a diez días del crimen, ningún funcionario ha visitado a la familia. Ni para informar, ni para consolar, ni para investigar.
AÑOS DE VIOLENCIA SILENCIADA
Carmen, hermana de San Juana, pinta una imagen escalofriante de la relación que su hermana vivió durante 13 años de violencia doméstica. Golpes, amenazas, intentos de secuestro, quemaduras, aislamiento. “Le cortó las alas. No la dejaba salir. La alejó de todos”, recuerda. “Yo tenía años sin verla porque él no se lo permitía”.
San Juana había intentado dejarlo en más de una ocasión. Pero siempre volvía por ella, con amenazas, chantajes y violencia física. En una ocasión, incluso golpeó a sus padres cuando intentaron protegerla.
“Si no fuera por los vecinos, una vez la ahoga en una pocita”, cuenta Carmen.
EL ESTADO AUSENTE, OTRA VEZ
Con rabia, Carmen denuncia lo que es evidente: “Como somos pobres, nadie nos pela. Solo nos queda esperar justicia divina”. Aunque su padre y hermano viajaron a Zacatecas a denunciar, no han recibido atención de ninguna autoridad. “Nadie ha venido. Nadie nos ha buscado. Nada”.
Mientras tanto, la comunidad de El Machucado —en el abandono como muchas otras del semidesierto zacatecano— fue la que se encargó de organizar el sepelio. Vecinos, familia y conocidos despidieron a San Juana el mismo día que su hija mayor se graduaba de primaria.
TRES HIJAS HUÉRFANAS
San Juana dejó tres niñas en orfandad: una de 12 años, otra de 5, y una bebé de 9 meses. La familia decidió dejarlas con la abuela paterna, la madre del presunto agresor. Aunque la decisión fue cuestionada por algunos, Carmen la defiende: “Es una buena mujer, y sabe que su hijo debe pagar. Mis papás ya no pueden con ellas, están grandes y enfermos”.
¿UNA ORDEN BASTA?
La Fiscalía asegura que existe una orden de aprehensión y que colabora con autoridades de San Luis Potosí para dar con Erik, quien hasta hoy permanece prófugo. Pero para la familia de San Juana, los trámites no bastan: quieren justicia real, pronta y con rostro humano.
Y mientras esperan, lo único que queda es la memoria, la rabia, y la certeza de que San Juana no debió morir. Pero el Estado la dejó sola.
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Tribuna Zacatecas 
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