ZACATECAS.–   A ocho meses de haber sido despenalizado el aborto en Zacatecas, la realidad en hospitales y clínicas públicas dista mucho del marco legal. El Movimiento Feminista de Zacatecas denunció con alarma que mujeres que buscan ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) siguen enfrentando barreras graves, entre ellas, la escasez de insumos médicos y la exigencia ilegal de comprar por su cuenta los medicamentos necesarios para el procedimiento.

Aunque Zacatecas logró la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en noviembre de 2024, tras un mandato de un Tribunal Colegiado, la implementación efectiva del derecho a decidir sigue obstaculizada por prácticas institucionales que contravienen tanto la ley local como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

LA LEY EXISTE, PERO NO SE CUMPLE

La colectiva feminista advierte que no basta con una reforma legal si el sistema de salud no la implementa adecuadamente. En hospitales como la UNEME de Urgencias en Guadalupe, se han reportado múltiples casos de mujeres que, tras solicitar el servicio, son informadas de que deben adquirir con sus propios recursos los medicamentos para el aborto, algo que contradice los principios de gratuidad y no discriminación en los servicios de salud pública.

Organizaciones como GIRE ya habían alertado que el IMSS impone requisitos extra-legales para acceder a la ILE, como autorizaciones notariales, acompañamiento de testigos o incluso diagnósticos psicológicos, todos ellos sin sustento normativo y en clara violación de los derechos reproductivos.

LA OBJECCIÓN DE CONCIENCIA, LA FALTA DE INSUMOS Y EL DESCONOCIMIENTO

A esto se suman la objeción de conciencia sin regulación efectiva, la escasa capacitación del personal médico y la falta de infraestructura adecuada, especialmente en zonas rurales o marginadas. Estas barreras impiden que el aborto legal y seguro se practique con normalidad, incluso cuando las pacientes se encuentran dentro del plazo legal.

Las mujeres más afectadas son, una vez más, las que tienen menos recursos, quienes no pueden desplazarse a clínicas especializadas en las ciudades ni costear medicamentos que deberían ser provistos por el sistema de salud.

DERECHOS EN EL PAPEL, CLANDESTINIDAD EN LA PRÁCTICA

Pese a que desde 2021 la SCJN declaró inconstitucional criminalizar el aborto, y a que en Zacatecas se eliminó del Código Penal el delito de aborto a petición de parte judicial, en la práctica las mujeres siguen siendo estigmatizadas, empujadas a la clandestinidad o expuestas a tratos indignos en el sistema de salud.

El Movimiento Feminista de Zacatecas exige acciones urgentes y concretas: garantizar el abasto de medicamentos, investigar y sancionar a quien condicione el servicio, transparentar la información sobre el acceso a la ILE y capacitar a personal médico de manera ética y técnica.

Mientras tanto, las mujeres siguen enfrentando un sistema que les da la razón jurídica, pero les niega la atención digna y oportuna. En Zacatecas, el aborto ya no es delito, pero la realidad institucional aún se comporta como si lo fuera.

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