ZACATECAS.– La violencia política contra las mujeres (VPG) en México es un cáncer que continúa extendiéndose incluso dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia y gobernar. La reciente resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reafirma esta cruda realidad al confirmar que la diputada Isadora Santivañez Ríos fue víctima de violencia política de género ejercida por su expareja, Israel “N”, funcionario del ayuntamiento de Zacatecas.
UNA LECCIÓN DE MISOGINIA INSTITUCIONALIZADA
El caso llegó a instancias federales luego de que Israel “N” impugnara la sanción emitida por el Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas (Trijez), que le ordenó ofrecer una disculpa pública y le aplicó una amonestación por utilizar un lenguaje estereotipado, denigrante y misógino en Facebook.
En octubre de 2024, Santivañez presentó una iniciativa para sancionar la violencia vicaria, una forma cruel de maltrato psicológico que afecta a mujeres a través de sus hijos. La respuesta de Israel “N” fue un mensaje público que no sólo desacreditó la labor legislativa de la diputada, sino que la atacó por su vida privada con frases denigrantes que difundieron estereotipos machistas —acusándola de “difamación, manipulación parental e infidelidad”— sin sustento alguno.
VIOLENCIA SIMBÓLICA Y LA EXCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA
La magistrada presidenta Claudia Valle Aguilasocho, en su voto concurrente, detalló que tales expresiones son un claro ejemplo de violencia simbólica, pues buscan deslegitimar la capacidad de una mujer para legislar basándose en estereotipos sexistas y en la exposición difamatoria de su vida personal.
Esta forma de violencia es una barrera invisible pero efectiva que se utiliza para minar la participación política femenina, reforzando el argumento de que las mujeres no son aptas para la política porque supuestamente su vida privada las incapacita para el ámbito público. Paradójicamente, esta exigencia de “fidelidad” y “perfección moral” suele ser exclusiva para ellas, mientras los hombres se ven eximidos de tales juicios.
LA JUSTICIA, ENTRE LA DEFENSA Y LA NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El TEPJF validó el fallo del Trijez y negó los argumentos de Israel “N”, quien no pudo desvirtuar las pruebas que demostraban la violencia política contra la diputada. Más aún, se resaltó que existen medidas de protección emitidas por autoridades judiciales a favor de Santivañez, lo que confirma la gravedad del caso.
Este fallo debe ser un llamado a la reflexión sobre cómo la violencia de género atraviesa todos los ámbitos, incluso los que deberían ser refugio de justicia e igualdad. Cuando funcionarios públicos —y ex parejas— utilizan sus plataformas para denigrar y acallar a las mujeres que ejercen la política, no solo violan derechos humanos, sino que atentan contra el avance democrático y la igualdad sustantiva.
¿HASTA CUÁNDO SE TOLERARÁ EL ACOSO POLÍTICO A LAS MUJERES?
La sentencia representa un triunfo para Isadora Santivañez y para todas las mujeres que enfrentan violencia política de género, pero no debe quedarse solo en un precedente legal: es urgente que los partidos, los gobiernos y las autoridades refuercen mecanismos de protección y sanción real para erradicar estas prácticas.
De lo contrario, el mensaje seguirá siendo claro: las mujeres en la política no están seguras, y quienes las atacan pueden hacerlo impunemente, amparados en la indiferencia institucional y la cultura machista que persiste en el poder.
La política sin mujeres libres y protegidas no es democracia, es simulacro. Zacatecas y México entero deben entenderlo, o el costo seguirá siendo la voz, la dignidad y la seguridad de quienes luchan por un país más justo.
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Tribuna Zacatecas 
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