ZACATECAS.– Una historia que parecía quedar entre archivadores y sellos oficiales tomó un giro judicial contundente. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró vincular a proceso al exalcalde Javier “N” y a cuatro de sus excolaboradores por su presunta implicación en el robo calificado de documentos clave de la Tesorería Municipal, un hecho que sacude a la administración municipal 2021-2024 y lanza un mensaje político de alto voltaje.

LA NOCHE EN QUE TODO DESAPARECIÓ

El 16 de septiembre de 2023, mientras el país celebraba la independencia, el municipio de General Francisco R. Murguía vivía un acto de opacidad: la sustracción ilícita de documentación bajo resguardo del Órgano Interno de Control. 

Las autoridades afirman que el robo fue estratégico: entre los archivos se encontraban pólizas de cheques, registros de participaciones y documentos vinculados a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, esenciales para la fiscalización del ejercicio de recursos públicos.

UN CASO EMBLEMÁTICO

El juez consideró suficientes las pruebas para vincular a proceso a cinco exfuncionarios municipales: Javier “N” (exalcalde), Ana “N”, Dulce “N”, J. Asención “N” y Ramiro “N”. Aunque el proceso apenas comienza, el caso se perfila como un ejemplo de los vacíos administrativos utilizados para el desvío y encubrimiento de recursos públicos.

UN MENSAJE POLÍTICO EN TIEMPOS DE REFORMA

La Fiscalía Anticorrupción no sólo ve en este caso un avance judicial, sino también una oportunidad para subrayar la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho en los municipios, donde históricamente la vigilancia es laxa y los controles, difusos. El discurso del combate frontal a la corrupción no puede quedarse en el nivel federal: la impunidad municipal es una grieta estructural en el sistema político mexicano.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y LEGALES

Este proceso, que continuará conforme a derecho, marca un parteaguas en la fiscalización de gobiernos locales. La resolución judicial también envía un mensaje político: quien crea que puede manipular documentos y salir indemne está profundamente equivocado. La justicia, aunque a veces lenta, empieza a poner los ojos donde antes reinaba el silencio.

En un país donde los archivos son poder, robarlos es un acto de cálculo político y criminal. En General Francisco R. Murguía, ese cálculo está comenzando a tener consecuencias.

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